En el Senado de la República a presentado en calidad de iniciativa, una reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. En ella, será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la autoridad encargada de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para que los consumidores cuenten con un precio único.
Esta propuesta la suscriben las senadoras: Graciela Ortiz González ,Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, y en ella se plantea que el precio único del libro sólo aplica a los consumidores finales. Por esta razón, cualquier controversia que surja entre editores y distribuidores, así como entre distribuidores y consumidores, deberá ser resuelta por la Profeco.
Aquí se establecen las bases para que el libro electrónico tenga el mismo tratamiento que el libro impreso, por lo cual se define e incluye su reproducción o impresión en cualquier soporte y que debe hacerse en cualquier lenguaje o código. Asimismo, un libro electrónico puede tener un registro ISBN y establecerse como de única edición, por lo que se propone que el precio único del libro sea permanente.
Adicionalmente, se propone ampliar la vigencia del precio único de 18 a 24 meses, para equilibrar el mercado, tomando en cuenta que el precio único no equivale a un precio fijo y que la relación de costos entre los editores y los distribuidores se define a través de condiciones de oportunidad.
Establecer un precio único para cada título editado, además de ser la extensión del ejercicio del derecho patrimonial que corresponde al autor por la producción de su obra, no limita la libertad para comerciar los textos. De esta forma, los lectores podránadquirir un libro a un mismo precio y por un tiempo razonable.
